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Mi Propuesta: “Un mecanismo de quejas efectivo para Frontex y Easo”

La creación de una Guardia Europea de Fronteras y Costas (GEFC) y la propuesta de transformar la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (Easo) en una Agencia Europea de Asilo (AEA) en 2016 responde a la necesidad de garantizar la implementación de las medidas adoptadas por la Unión Europea (UE) en el Espacio de Libertad Seguridad y Justicia (ELSJ). Tras la “crisis de los refugiados” tanto la GEFC como la AEA están llamadas a asistir sobre el terreno a aquellas autoridades nacionales sujetas a presiones extraordinarias en sus sistemas de registro, recepción y asilo, así como a garantizar respectivamente el espacio Schengen y el Sistema Europeo Común de Asilo. Si bien los nuevos nombres con los que se ha bautizado a las anteriormente conocidas como Frontex y Easo parece sugerir que la UE cuenta ya con un verdadero Cuerpo Europeo de Guardias de Fronteras y Asilo, debe señalarse que los nuevos reglamentos de estas agencias se limitan a reforzar las tareas operativas que les fueron inicialmente delegadas.

Ahora bien, la constante expansión de los poderes operativos de la GEFC y la AEA pone de manifiesto una tendencia en el ELSJ por la que la ejecución de las medidas adoptadas por la UE deja de ser una competencia exclusiva de los Estados miembros para gradualmente devenir en una competencia compartida. El desarrollo de funciones de implementación por parte de la GEFC y la AEA plantea un importante desafío: el impacto directo de las tareas operativas de estas agencias europeas en los derechos fundamentales de los nacionales de terceros países a los que asisten. Así, los reglamentos de la GEFC y la AEA incluyen un mecanismo administrativo de denuncia que faculta a los individuos a plantear una queja ante la propia agencia si consideran que alguna de sus actividades ha conculcado sus derechos fundamentales. Este mecanismo está llamado a fomentar una responsabilidad más integral de la GEFC y la AEA pues cualquier persona afectada por las acciones del personal que participa en una operación y que considere que debido a estas actividades se han vulnerado sus derechos fundamentales, así como cualquier parte que represente a dicha persona puede presentar una queja contra las agencias.

El novedoso mecanismo de quejas de la GEFC y la AEA se basa en los arts. 41 y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. El art. 41.3 declara que todo particular ha de ver reparados los daños que la UE, instituciones o agentes le hayan ocasionado en el ejercicio de sus funciones. El art. 47 establece que toda persona tiene derecho a la tutela judicial efectiva. Asimismo, los arts. 263 y 340 del Tratado de Funcionamiento de la UE habilitan a los particulares a presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) solicitando la anulación de un concreto acto de una agencia europea destinado a producir efectos jurídicos frente a terceros, así como que la UE repare cualquier daño que les haya sido infligido. Sin embargo, la creciente cooperación entre la GEFC y la AEA en los recientemente establecidos hotspots, la falta de transparencia de las operaciones que desarrollan, el complicado entramado multinivel de responsabilidad derivado de los numerosos actores implicados en las fronteras exteriores o la obligación de los nacionales de terceros países de probar ante el TJUE que las actividades de la GEFC y la AEA les afectan directamente dificulta, cuando no impide, su derecho fundamental a una buena administración y a un recurso judicial efectivo.

En concreto, la principal limitación del mecanismo de denuncia de la GEFC y la AEA es su falta de independencia e imparcialidad, así como su carácter puramente administrativo. Toda queja admitida a trámite por el oficial de derechos fundamentales de la GEFC y la AEA ha de dirimirse internamente, bien por el director de la agencia o bien por el Estado miembro implicado, en función de si la denuncia se refiere a un miembro del personal de la agencia o a uno de los oficiales nacionales desplegados. No obstante, ni el director de estas agencias (nombrado por el Consejo de Administración de la agencia y compuesto mayoritariamente por representantes nacionales), ni por supuesto los Estados miembros que se encargan de garantizar un seguimiento adecuado de la denuncia y adoptar las medidas disciplinarias o acciones que consideren pertinentes para resarcir a la víctima son independientes a las agencias.

Asimismo, si la queja presentada es considerada inadmisible, si las medidas adoptadas por la GEFC y la AEA para resarcir la violación alegada se estiman por el denunciante como insuficientes o si las medidas no se ponen efectivamente en práctica porla agencia, el mecanismo de denuncia no prevé ningún recurso administrativo o judicial adicional. La inadmisión de una queja por el agente de derechos fundamentales, la disconformidad del denunciante con el examen de su queja y/o las medidas adoptadas al respecto por la GEFC y la AEA deberían calificarse, a nuestro parecer, como actos que producen efectos jurídicos frente a terceros y así poder ser objeto de control por el TJUE.

En definitiva, las reforzadas tareas operativas conferidas a laGEFC y a la AEA comportan una creciente responsabilidad de las agencias y un mayor impacto de estas en los derechos fundamentales de los nacionales de terceros países. Si bien las tareas delegadas a los agentes de derechos fundamentales deberían haberse expandido al menos en igual medida que las tareas operativas conferidas a la GEFC y la AEA, sus agentes no están facultados para indemnizar y compensar directamente a los denunciantes por daños, ni pueden terminar, suspender o retirar el apoyo financiero a una operación de las agencias en la que haya quedado probado que los derechos fundamentales de los nacionales de terceros países han sido vulnerados. El agente de derechos fundamentales no está facultado para emitir decisiones vinculantes o investigar de manera independiente e imparcial quejas relativas a violaciones de derechos fundamentales.

Por ello, estimamos que la eficacia e imparcialidad del mecanismo de denuncia diseñado por los reglamentos de la GEFC y la AEA se vería claramente reforzado si sus agentes de derechos fundamentales fueran las autoridades competentes para llevar a cabo la investigación de las quejas y para hacer cumplir las medidas adoptadas en su totalidad. Esto es, el actual mandato de los agentes debería ser reformado con el fin de permitirles aplicar mejoras operativas internas, ejecutar las medidas adoptadas por la GEFC y la AEA o los Estados Miembros respecto a una denuncia admitida a trámite e imponer, si fuera preciso, sanciones contra las propias agencias.

 

Este post apareció en primer lugar en el Blog del Instituto Universitario de Estudios Europeos en el marco del proyecto: “Mi Propuesta para una Europa mejor”

 



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