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Hecho imposible: una odisea en el espacio tributario.

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Cuando en la carrera a mí me enseñaban esto de los impuestos (aparte de que nadie me explicó la guerra que podían llegar a dar los tributos locales que se daban de pasada como un tema menor), había una cosa que siempre recalcaba mucho nuestro profesor de tributario: identificar el hecho imponible. “Es la única manera de saber si lo que hacemos le interesa a Hacienda” decía.

Y es que, en definición, no de mis apuntes, sino de la propia Ley General Tributaria (Ley 58/2003 en Territorio Común, con dicción similar en los Territorios Históricos cada uno con su Norma Foral General Tributaria) encontramos en su artículo 20 que el hecho imponible es “el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal”.

Si el Derecho tributario fuera una ciencia podríamos expresar esto último en términos más newtonianos y definir el hecho imponible como toda acción de la vida particular del contribuyente que provoca una reacción por parte de Hacienda (generalmente consistente en llevarse una, llamémosla, comisión). Pero en la medida en que interviene la palabra “Derecho”, ya podemos imaginar que la cosa no puede ser tan exacta, ni mucho menos, exenta de piruetas interpretativas. Y como a espectáculos circenses no hay quien supere a los Ayuntamientos, no es de extrañar que sea precisamente en el ámbito de los impuestos locales donde encontremos el ejemplo más rocambolesco de como disparar a todo lo que se mueve para nutrir las arcas municipales, aunque ello suponga contradecir a mi querido profesor de tributario e incluso a la propia Ley General Tributaria.

Ya comentábamos en un post anterior como el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, este engendro, conocido en los cuentos populares como “plusvalía municipal”, además de contar con una longitud que quita el hipo (y de provocar más que otro susto en el bolsillo) ha conseguido romper sus cadenas y se ha convertido en una imparable bestia que arremete sin cordura alguna contra los contribuyentes, que pasan por caja con la incredulidad que te da saber que estas pagando por una minusvalía resultante de una transmisión que no ha salido bien porque Hacienda dice que si quitas ese guioncito de delante del número y decoloras el rojo “perdida”, pues hay una plusvalía la mar de maja a la que pegarle bocado.


Supuesto practico

Vamos a poner que un señor que podríamos llamar Antonio, tiene un piso que comparte con su compañera sentimental (no me meto en fregados). Lo adquirieron a finales de 2004 por un importe de 113.000 euros en una promoción de viviendas de la “belle époque” del ladrillo. En enero de este año, Antonio recibe una oferta de trabajo como astronauta (la NASA abre una bolsa de trabajo para Marte) por lo que tiene que desplazarse al extranjero (y probablemente al extrarradio). Después de meditarlo con su pareja deciden poner en venta su piso y liarse la manta a la cabeza por esa oportunidad laboral.

Por desgracia, la demanda de pisos no es que esté muy boyante, y, por si fuera poco su valor no para de disminuir, con leves repuntes que no se aprecian en las transacciones más pedestres. Ante la necesidad de desprenderse de su vivienda para comprarse otra en el soleado estado de Florida, terminan vendiendo su hogar por 100.000 euros a otra feliz pareja que va a empezar disfrutar de las veleidades de la convivencia.


Chorradas aparte, si lo abordamos como un ejercicio inserto en un examen, y siguiendo académicamente a mi profesor, es palpable que si lo que el impuesto pretende gravar es el incremento de valor que experimentan los terrenos, y, como se ha visto, este incremento no se ha producido (que se lo digan a Antonio y su pareja, que han perdido nada menos que 13.000 euros por la mera disminución del valor del suelo), la ausencia de plusvalía debe traer como consecuencia que no exista un hecho imponible que gravar.

  • Respuesta test: supuesto de no sujeción.
  • Respuesta redactada: como no hay no hay incremento, no se da el presupuesto de hecho previsto en la norma, y no nace la obligación de pagar el impuesto.
  • Si queremos subir nota podemos añadir que atender a otras soluciones supondría admitir que con el IIVTNU no se está gravando el incremento de valor del terreno, sino otro hecho imponible no previsto en la normativa, como puede ser la mera transmisión de un inmueble, que ya resulta gravada por otros impuestos distintos a éste (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados).
  • Y si ya vamos para matricula, podemos bordar la respuesta concluyendo que este lo anterior implicaría una duplicidad de tributación por el mismo hecho, infringiendo los principios de justicia, equidad y progresividad regulados en el artículo 3 de la Ley General Tributaria.

¿Lógico verdad?

Pues ahora vas con la lógica a la ventanilla del Ayuntamiento, cuando aplicando las formulitas de sus ordenanzas municipales (que toman como base el valor catastral y el periodo de tenencia del inmueble) se saquen una plusvalía de la chistera, que en una operación como la que acabamos de describir puede ascender, dependiendo del municipio, a 1.300 euros de media.

¿Qué clase de incremento de valor puede justificarse viendo el estado del valor del suelo y las circunstancias del mercado inmobiliario? O sea, ¿pierdo 13.000 euros en la venta de un piso y además el Ayuntamiento me cobra más de mil euros por “lucrarme” con el “incremento” de valor del suelo?

Cuando se entere mi profesor que ahora se gravan los hechos imposibles en vez de los imponibles, se va a llevar un buen disgusto….



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